La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), una entidad adscrita al Departamento del Tesoro de EE.UU., publicó esta jornada una nueva licencia inscrita dentro del régimen general de sanciones impuestas a Venezuela, con la que se autorizan, de forma limitada, nuevas operaciones a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y a empresas mixtas en las que esa compañía posea el 50 % o más de participación.
Según consta en la licencia general 52C y se amplía en la correspondiente sección de preguntas y respuestas frecuentes, en adelante, PDVSA podrá realizar actividades relacionadas con «la carga, exportación, reexportación, venta, reventa, suministro, almacenamiento, comercialización, compra, entrega o transporte de petróleo venezolano o productos petrolíferos de origen venezolano».
También se le permitirá adquirir «diluyentes, bienes, servicios y tecnologías necesarios para actividades de exploración, desarrollo o producción en los sectores del petróleo, el gas o los productos petroquímicos» en el país bolivariano, así como celebrar «nuevos contratos de inversión para actividades de exploración, desarrollo o producción en los sectores del petróleo, el gas o los productos petrolíferos de Venezuela».
Se anunció asimismo la autorización para constituir «nuevas empresas conjuntas u otras entidades en Venezuela relacionadas con dichas actividades», además de «todas las transacciones ordinariamente incidentales y necesarias para dichas actividades, incluida la realización de diligencias debidas y evaluaciones comerciales, legales, técnicas, de seguridad y ambientales relacionadas con lo anterior».
En esa línea, también se le permitirá «a las personas bloqueadas en virtud del Reglamento de Sanciones a Venezuela (VSR) a ejecutar y firmar contratos autorizados» por la mentada licencia «en su calidad oficial de funcionarios, empleados o representantes autorizados» tanto de PDVSA como de las entidades donde esta ostenta mayoría accionaria.
Lo que no autoriza
No obstante, estas actividades estarán sometidas a importantes restricciones por parte de la Casa Blanca. Se trata, entre otros asuntos, de transacciones con bonos de la estatal petrolera o sus filiales —incluida la refinadora Citgo, cuya liquidación ordenó un tribunal estadounidense—, pago de deudas, venta de acciones, transferencias y uso de activos como garantías por parte del Gobierno venezolano para la suscripción de contratos.
A ello se suman transacciones con personas o entidades incluidas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (sometidas a sanciones unilaterales por Washington) o a personas o entidades ubicadas en la Federación de Rusia, la República Islámica de Irán, la República Popular Democrática de Corea o la República de Cuba.
En adenda, se proscriben las transacciones en ese ámbito con cualquier persona o ente ubicado en la República Popular China o que esté indirectamente bajo su control, el pago con oro, criptos, intercambios de divisas (‘swap’), o cualquier forma que el Tesoro estadounidense estime «que no se realizan en condiciones comercialmente razonables».
- La divulgación de estas nuevas reglas de operación se sigue al anuncio de un acuerdo petrolero de gran calado confirmado por Caracas y Washington a inicios de septiembre, cuyo contenido aún no es público.
- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, precisó en una alocución televisada que el pacto se extenderá por 25 años, que supone –principal mas no exclusivamente– la explotación de campos verdes (donde hay reservas probadas, pero no explotadas, en entornos carentes de infraestructura) y que se trata de un acuerdo mutuamente beneficioso que permitirá la recuperación económica sostenida de la industria, duramente afectada por más de una década de sanciones.
- Posteriormente, en el contexto de una visita oficial a la capital venezolana del secretario de Energía de EE.UU., Christopher Wright, Rodríguez reveló que el tratado tuvo «dos momentos» —uno en Washington y otro en Caracas—, mientras que el alto funcionario estadounidense sostuvo que se suscribió entre el Gobierno de EE.UU. y la empresa North America Blue Energy Partners (NABEP), propiedad del empresario venezolano Alejandro Betancourt López.
