A 11 años de la primera movilización de Ni Una Menos, el colectivo Judicialas-AGEPJ emitió un documento en el que critica el funcionamiento del Poder Judicial cordobés y reclama más recursos y prevención.
A 11 años de la primera movilización de Ni Una Menos y en el contexto del femicidio de Agostina Madeleine Vega, el colectivo Judicialas-AGEPJ difundió un pronunciamiento en el que cuestiona el funcionamiento del sistema judicial de Córdoba, denuncia falta de recursos y reclama un Estado capaz de intervenir antes de que la violencia machista termine en tragedia.
El documento, titulado «El desafío pendiente, construir un Estado que llegue antes», sostiene que la violencia de género continúa siendo una problemática estructural y recuerda que «la violencia machista sigue arrebatándonos vidas cada 36 horas».
Desde la organización señalan que las trabajadoras judiciales representan el 75% del personal del Poder Judicial provincial. Además, aseguran que las falencias del sistema son conocidas desde hace años y que han sido denunciadas reiteradamente.
«No hablamos desde la teoría: hablamos desde la experiencia cotidiana de quienes intentan hacer funcionar un sistema que hace tiempo opera por encima de sus límites», expresa el documento.
Entre los principales cuestionamientos, Judicialas señala la escasez de recursos humanos y materiales, la fragmentación de los circuitos institucionales y la ausencia de una perspectiva de género efectiva en los ámbitos de decisión. Según el pronunciamiento, las unidades territoriales encargadas de recibir denuncias y activar las primeras intervenciones atraviesan una situación crítica.
«Guardias sostenidas por una sola persona durante toda la madrugada, oficinas sin infraestructura adecuada y equipos que deben responder a situaciones extremas con recursos cada vez más escasos», describe el texto. En ese contexto, advierten que «es imposible garantizar simultáneamente la celeridad, la escucha y el acompañamiento que las víctimas necesitan».
La situación también alcanza a fiscalías, fueros especializados y equipos técnicos, donde —afirman— el aumento constante de causas convive con menos recursos y estructuras de trabajo que no se han actualizado frente a las nuevas demandas sociales.
«No hay perspectiva de género posible en instituciones desbordadas», explica uno de los párrafos más críticos del documento que apunta a las autoridades judiciales y a la falta de autocrítica institucional. «El sistema actual pregona una supuesta eficiencia y rapidez que choca contra una realidad cotidiana signada por el desborde, la fragmentación y un financiamiento escaso y mal dirigido», sostienen. Y agregan: «No hay perspectiva de género posible en instituciones desbordadas y que no escuchan a sus trabajadoras».
Las judiciales también cuestionan que, frente a hechos de alto impacto social, la respuesta institucional sea buscar responsabilidades individuales. «Se intenta buscar culpables individuales para ocultar las falencias de diseño, presupuesto y gestión del propio Estado», advierten.
