
Especialistas de la psiquiatría, la medicina y el Derecho analizaron los desafíos que plantea para pacientes, familias y profesionales.
El Colegio de Abogados de Córdoba fue sede de la conferencia “Salud Mental: Reforma – Aspectos prácticos y legales”, una jornada que reunió a profesionales del ámbito sanitario y jurídico para analizar las implicancias de los cambios propuestos a la Ley Nacional de Salud Mental y su impacto concreto en la atención, la práctica profesional y la protección de derechos.
La actividad fue organizada por el Área Académica y la Secretaría Académica del Colegio de Abogados de Córdoba, junto con la Sala de Derecho a la Salud y Bioética, dirigida por Viviana Graciela Perracini, y la Sala de Derecho de Salud Mental y Adicciones, dirigida por María Noel Tapia Varela, ambas pertenecientes al Instituto de Estudios Jurídicos de la institución.
Participaron como disertantes León Morra, médico especialista en Psiquiatría y presidente de la Asociación de Clínicas Psiquiátricas de la Provincia de Córdoba; Leandro Daniel Dionisio, médico psiquiatra y docente universitario; Horacio López, presidente del Comité de Contralor de Psiquiatría del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba; y Jimena Parrotta, abogada y funcionaria judicial con 15 años de experiencia en la Defensa Pública.
Durante el encuentro se abordaron algunos de los principales interrogantes que atraviesan actualmente la discusión sobre la normativa: los alcances de la intervención profesional frente a situaciones de crisis, las responsabilidades de quienes integran los equipos interdisciplinarios, las garantías de las personas que requieren atención y la articulación entre el sistema sanitario y el Poder Judicial.
Dionisio señaló entre los aspectos que deberían ser precisados por una reforma la necesidad de “dejar claras las responsabilidades profesionales dentro del equipo interdisciplinario”. A su vez, definió uno de los grandes desafíos del sistema de salud mental como la búsqueda de “un equilibrio entre los derechos a la libertad, la autonomía, la seguridad y la atención oportuna de nuestros pacientes”.
Otro de los ejes centrales de la jornada fue cómo compatibilizar la protección de la autonomía y los derechos de las personas con la posibilidad de brindar una respuesta adecuada y a tiempo cuando una situación requiere intervención sanitaria.
El análisis permitió poner en diálogo las perspectivas médica y jurídica sobre decisiones que, en la práctica, involucran no sólo a los profesionales, sino también a las familias y al entorno de quienes atraviesan un padecimiento de salud mental.








