La reciente modificación del régimen impositivo que rige para los clubes de fútbol volvió a tensionar la desgastada relación entre el gobierno nacional y la AFA. La Disposición 16/2025, publicada esta semana en el Boletín Oficial, eleva la alícuota del Decreto 1212 del 7,5% al 13,06% e impone una carga transitoria adicional del 5,56% por un año. El nuevo esquema entró en vigencia ayer, 1º de agosto, y representa un golpe directo a las economías de las instituciones deportivas.
La AFA emitió un comunicado donde denunció que la disposición ignora los acuerdos alcanzados en el comité de reforma y advirtió que su aplicación afectará directamente a las entidades que formalizaron a sus empleados bajo el régimen especial. En contraste con esa presión fiscal, el comunicado recordó que otros sectores recibieron beneficios impositivos a través de la Resolución General 5577/24 de la AFIP, que habilitó condonaciones de deuda.
Pero como sucedió a lo largo de este año y medio de gobierno libertario, fue Pablo Toviggino, tesorero de AFA y referente clave del fútbol del interior, quien se posicionó como la principal voz opositora. Aunque no lo nombró, sus críticas apuntaron directamente a Sturzenegger, a quien acusó de actuar con oportunismo político y de impulsar un plan para desfinanciar a los clubes.
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
La norma fue presentada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, como una medida para “recuperar el déficit incurrido”. Según el funcionario, en 2024 el fútbol argentino generó ingresos por 324 millones de dólares en ventas de jugadores, pero los aportes al sistema previsional resultaron deficitarios debido a un esquema de alícuotas que considera distorsivo. “La actividad que genera estos ingresos es subsidiada por los jubilados”, señaló, en un extenso descargo publicado en la red X.
Sturzenegger detalló la evolución histórica del régimen: una alícuota inicial del 2%, dispuesta en 2003, que luego se fue incrementando sucesivamente al 6,5% (Resolución 81/05), al 6,75% (Decreto 231/19) y al 7,5% (Decreto 510/23), este último con una ampliación del alcance a la propia AFA como beneficiaria. Pese a estas modificaciones, el ministro argumentó que nunca se logró neutralidad fiscal y que el sistema previsional siguió absorbiendo el déficit. “¿Quién se hacía cargo del déficit? Los jubilados”, justificó.
El titular de la cartera también vinculó el origen del Decreto 1212 con la crisis económica de 2001, cuando el gobierno de Eduardo Duhalde buscó garantizar ingresos previsionales reemplazando el régimen general por un sistema basado en porcentajes sobre la venta de entradas, transferencias de jugadores y derechos de televisión. En ese marco, justificó el nuevo esquema como un intento de corregir una política que definió como regresiva y concentradora de privilegios: “Costos distribuidos e invisibles que financian beneficios concentrados es la fórmula típica de la casta sindical y empresarial”, concluyó.
Pese a estos argumentos, la disposición contradice el consenso alcanzado en el comité creado por el propio Ejecutivo a través del decreto 939/24. En ese espacio, que reunió a funcionarios, dirigentes de clubes y representantes de AFA, se había propuesto una suba moderada de apenas un punto porcentual.
La disputa se inscribe en una confrontación de fondo: el modelo de clubes sin fines de lucro frente al proyecto de apertura a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Desde la AFA, sostienen que la maniobra busca “ahogar” financieramente a las instituciones para forzar su transformación jurídica. También advierten sobre el riesgo del ingreso de capitales extranjeros sin arraigo local, que puedan convertir al fútbol argentino en un terreno de especulación de corto plazo.
Uno de los clubes que hizo pública su postura fue River. El club de Núñez calificó la decisión de “confiscatoria” y adelantó que va a tener un “impacto fiscal negativo considerable” y que influirá en los distintos programas educativos y sociales que lleva adelante.
Sturzenegger tiene una trayectoria política de contradicciones en este y en otros temas. En 2013, durante su gestión al frente del Banco Ciudad, impulsó convenios con clubes de Primera División y del ascenso como San Lorenzo, Huracán, Ferro, Barracas Central y Defensores de Belgrano. En ese momento, defendía el vínculo institucional entre los bancos públicos y los clubes como herramienta de inclusión y pacificación. En la actualidad, su discurso apunta a una reconfiguración del sistema, incluso con movimientos recientes para respaldar, fuera del radar oficial, un posible cambio de estatuto en Gimnasia y Esgrima La Plata, el club del que es hincha, con el apoyo financiero del grupo IRSA.
Concentrado en tareas más urgentes como la elección en la provincia de Buenos Aires y la disparada del dólar esta semana, en el Gobierno relativizan el enojo de los clubes y vinculan al tema a las “batallas personales” de “Sturze”. Por su parte, en la AFA buscan amplificar el malestar generado en los clubes y replicar comunicados que rechazan la medida. No tienen apuro: confían en que el tiempo o, eventualmente, la Justicia puede jugarles a favor.
