Leonardo Cositorto, fundador y cara visible de Generación Zoe, fue condenado a 11 años de prisión efectiva por los delitos de asociación ilícita como jefe organizador y estafas reiteradas. La sentencia fue dictada por los jueces de la Sala I del Tribunal de Juicio de Salta, quienes además ordenaron que permanezca alojado en la cárcel de Bouwer, donde ya se encontraba detenido.
El fallo llega apenas cinco meses después de que el mismo empresario fuera condenado en Corrientes a 12 años de prisión por otra causa que involucró lavado de dinero y estafas a casi un centenar de damnificados. En ambos procesos judiciales se probó que Generación Zoe operaba como una estructura fraudulenta de tipo piramidal, captando inversionistas mediante el ofrecimiento de retornos económicos imposibles de sostener.
La nueva condena no solo refuerza la responsabilidad penal de Cositorto, sino que refuerza la existencia de una estructura delictiva organizada, con diferentes niveles de participación y complicidad. La causa en Salta había comenzado en 2022 tras múltiples denuncias de personas que afirmaron haber sido estafadas con promesas de ganancias de hasta el 10% mensual o 120% anual, sin que existiera ninguna actividad financiera o comercial que respaldara esas cifras.
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Además de Cositorto, fueron condenadas otras cinco personas. Ricardo Gabriel Isaac Vilardel recibió siete años de prisión efectiva, también por ser miembro de la asociación ilícita y responsable de estafas reiteradas. El tribunal ordenó su detención inmediata, al revocar la medida cautelar que lo mantenía en libertad desde marzo de 2023.
Por su parte, su hermano Jorge Federico Vilardel fue sentenciado a cinco años de prisión efectiva y deberá cumplirla en la cárcel local. Ambos fueron considerados parte activa de la estructura criminal.
En el mismo fallo, las imputadas Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz fueron condenadas a tres años de prisión condicional. Si bien fueron encontradas culpables de los mismos delitos, el tribunal dispuso su libertad inmediata, bajo el cumplimiento de estrictas reglas de conducta durante tres años: deberán fijar domicilio, informar cambios y someterse al programa de inserción social y supervisión de presos y liberados.
También se ordenó dar intervención a la fiscalía penal de turno por presunto falso testimonio de un testigo, a pedido de la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, quien llevó adelante la acusación.
La condena en Corrientes. En febrero de 2024, el Tribunal de Juicio de Goya, Corrientes, condenó a Cositorto por delitos similares: lavado de dinero y estafas. Allí, los jueces Ricardo Carbajal, Jorge Carbone y Julio Duarte impusieron una pena de 12 años de cárcel al fundador de Zoe, en una causa iniciada por 98 damnificados que invirtieron en “membresías” y sistemas falsos de trading que prometían un 7,5% mensual en dólares.
Junto a él fueron también condenados Maximiliano Batista, Miguel Ángel Echegaray y Lucas Camelino, mientras que los hermanos Nicolás y Javier Medina fueron absueltos. En esa audiencia, Cositorto protagonizó un momento tenso: fue expulsado de la sala por un juez tras interrumpir la lectura del veredicto, siendo retirado esposado por orden del magistrado.
Durante ese juicio, intentó sin éxito llegar a un acuerdo económico con los damnificados. La fiscalía rechazó la propuesta por considerarla insuficiente y por no cumplir con los objetivos de reparación e interés público.
Leonardo Cositorto construyó su figura pública entre fines de 2021 y comienzos de 2022, cuando Generación Zoe tuvo su auge con membresías educativas en coaching ontológico, criptomonedas y “libertad financiera”. La organización prometía ingresos garantizados y rápidos a cambio de sumas de dinero que, en la práctica, nunca fueron devueltas.
La estructura financiera de Zoe no se sostenía con inversiones legítimas, sino que los pagos a los inversores antiguos provenían del ingreso de nuevos, una práctica clásica de esquema Ponzi.
Durante sus declaraciones públicas, Cositorto intentó presentarse como víctima de persecución judicial, y hasta comparó su caso con la estafa vinculada a la criptomoneda $Libra, promovida por el entonces candidato presidencial Javier Milei. “A nosotros nos condenan por una demanda de 100 mil dólares. A los de Libra que se robaron 100 millones en cuatro horas no les pasa nada”, afirmó en tono desafiante.
También cuestionó la cobertura mediática del caso y negó que Zoe vendiera criptomonedas: “Muchos hablan de criptoestafa cuando nosotros no vendíamos cripto. La gente las compraba en exchange. Acá ni siquiera usan bitcoin”.
Lo que sigue
R.P.
Con dos condenas firmes en distintas provincias y más causas abiertas en marcha, Leonardo Cositorto se enfrenta a un escenario judicial complejo y acumulativo, con múltiples jurisdicciones reclamando su responsabilidad penal.
El ex-CEO deberá sortear nuevos procesos en los próximos meses. Su nombre –y el de otros socios de Generación Zoe– figura en un expediente en Córdoba que ya fue elevado a juicio. En Rosario, Santa Fe, y en la Justicia Federal porteña, hay dos investigaciones más abiertas desde 2022.
La nueva sentencia de Salta refuerza la figura de una red de estafas sistemáticas, disfrazadas bajo un relato de superación personal, independencia financiera y tecnología. La caída de Generación Zoe no solo dejó miles de personas afectadas económicamente, sino que también desnudó las falencias del control estatal frente a este tipo de fraudes organizados.
