El líder de Unidas Podemos (UP), candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid y exvicepresidente del Gobierno de España, Pablo Iglesias; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, recibieron entre el miércoles y el jueves sendas amenazas de muerte por carta remitidas al Ministerio del Interior.

Lo sucedido ha tenido una consecuencia inmediata en la campaña a las elecciones madrileñas. Este viernes, Pablo Iglesias ha decidido marcharse de un debate con otros cuatro candidatos después de que la candidata del partido de ultraderecha Vox, Rocío Monasterio, no diese credibilidad a la amenaza. Tras una hora, el debate se ha suspendido a petición del representante socialista, Ángel Gabilondo, que ha afirmado que la situación era insostenible y decidía abandonar el estudio en solidaridad con Iglesias.

Cartas con balas

Las amenazas llegaron a través de varias cartas que iban acompañadas de balas: cuatro para el exvicepresidente, dos para el ministro y una para la directora general. La munición es del calibre 7,62×51, que se corresponde al fusil básico de dotación en distintas escuelas y bases de la Armada Española y en unidades de la Guardia Civil y la Policía Nacional, el clásico Cetme. Aunque el uso de esta arma se ha reducido, su munición sigue siendo utilizada por fusiles más modernos de idéntico calibre.

El texto de la carta dirigida a Grande-Marlaska dice: «Tienes diez días para dimitir. El tiempo de reírte de nosotros se ha terminado. Policía Nacional. Guardia Civil. El tiempo lo tienes en contra para los taponazos [disparos en argot policial]».

Por su parte, la misiva enviada a Pablo Iglesias contiene lo siguiente: «Pablo Iglesias Turrión, has dejado morir a nuestros padres y abuelos. Tu mujer, tus padres y tú estáis sentenciados a la pena capital. Tu tiempo se agota».

El Ministerio de Interior ya ha cursado una denuncia por las amenazas recibidas por Grande-Marlaska y Gámez en la comisaría que se ubica en el Congreso de los Diputados. Por su parte, Iglesias, que ya había recibido con anterioridad amenazas graves, ha decidido acudir a los tribunales.

«Amenazando la democracia»

Pablo Iglesias hizo público el jueves por la noche un comunicado en el que informa de las amenazas recibidas y dice que «no es la primera vez que sucede»: «Amenazas y más amenazas para que dejemos de hacer política, y que cada vez van un poco más lejos», apunta.

Además, achaca lo sucedido a «la normalización y el blanqueamiento del discurso de odio de la ultraderecha» y a la «normalización mediática de bulos y mentiras» contra su formación, así como a la «impunidad».

En este sentido, recuerda que no hay ningún detenido por el ataque que sufrió una de sus sedes con un cóctel molotov hace tres semanas, que un exmilitar que disparó con fuego real contra fotos del miembros del Gobierno no ha tenido ningún reproche penal y que tampoco lo han tenido los militares de alto rango jubilados que hablaban de dar un golpe de Estado y de fusilar a 26 millones de españoles.

Iglesias sostiene en su escrito que «están amenazando la democracia», que «si continúan la impunidad y el blanqueamiento mediático de la ultraderecha, mañana serán otros compañeros» los amenazados y que «esto no va de personas ni de partidos, va de defender la libertad y la democracia«.

Debate suspendido

Por otro lado, lo sucedido en el debate entre los candidatos a la Comunidad de Madrid ha sido un espejo de la situación en la que se encuentra la política de esta región a diez días de los comicios. La representante de ultraderecha, Rocío Monasterio, no ha condenado la amenaza de muerte dirigida a Pablo Iglesias y a su familia y el líder de UP ha decidido marcharse ante una actitud que le ha parecido extremadamente grave.

El debate ha continuado una hora. Durante ese tiempo la candidata de Vox ha mantenido una actitud que ha sido recriminada por el resto de candidatos y por la moderadora, interrumpiendo, lanzando descalificativos y desviando el debate de los bloques que estaban establecidos.

Tras una pausa en el debate ha tomado la palabra el político socialista, Ángel Gabilondo, para anunciar que puesto que Iglesias no regresaba, había tomado la decisión de abandonar también el debate como muestra de solidaridad. La candidata de Más Madrid, Mónica García, ha secundado esta postura y tan solo el aspirante de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha abogado por continuar con el programa.

Se trata de la primera vez que un debate de estas características en un medio de comunicación importante se suspende por el abandono de sus participantes. Gabilondo y García han subrayado que no se puede conversar en esas condiciones y que harán lo posible para que la ultraderecha no llegue al Gobierno de Madrid por suponer un peligro para la democracia.

Por su parte, Monasterio no ha rectificado sus declaraciones iniciales y mantiene que no se cree estas amenazas, tras realizar una condena genérica a «toda violencia».

Condenas de la mayoría de partidos

Antes del debate de la mañana de este viernes, el candidato socialista a las elecciones de la Comunidad de Madrid había expresado su máxima condena a las amenazas conocidas este jueves. «El discurso del odio y la división tiene consecuencias muy graves para nuestra democracia. Evitemos unidos esta escalada de barbarie«, afirmó en su perfil oficial de Twitter.

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También la candidata a los comicios madrileños de Más Madrid mostró su repulsa, asegurando que «el odio y la violencia no tienen cabida» en la sociedad española y manifestando su «apoyo y cariño» a las tres personas amenazadas. «Lo que ha ocurrido hoy es intolerable», dijo, por su parte, el líder nacional de la formación, Íñigo Errejón.

El aspirante de Ciudadanos también había mostrado su «rotunda condena a estas coacciones inaceptables», que calificó de «señalamientos totalitarios que debemos censurar los demócratas siempre».

Por su parte, la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, del conservador Partido Popular (PP), única candidata que no aceptó participar en el debate, no se ha manifestado todavía a este respecto. Sí lo ha hecho el alcalde de Madrid y portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, que condenó las amenazas, pero pidió al líder de UP que no las aproveche para «criminalizar a una parte de la sociedad».

También el presidente del Gobierno Pedro Sánchez expresó su «rotunda condena a las grandes amenazas».

Lo cierto es que, pese a la importancia de lo sucedido, las amenazas recibidas por estos altos cargos del Estado y políticos de alto nivel no han merecido la suficiente atención de los medios nacionales como para que la noticia ocupase algún espacio de las portadas de las publicaciones más importantes y de mayor tirada, como han señalado muchas personas.

Nuria López