Un brote de hantavirus en un crucero desde Ushuaia y el aumento de casos en el país reavivan el debate sobre la salida de Argentina de la OMS. ¿Cómo impacta en Córdoba?

Un brote de hantavirus (8 casos, 2 sospechosos y 3 muertos) en un crucero que había zarpado desde Ushuaia vuelve a confirmar la persistencia de la enfermedad en el país. En la temporada 2025-2026 ya se registran 101 casos y 32 muertes. El hantavirus no circula solo en reservorios animales: viaja por rutas, se sube a aviones o buques, recorre circuitos turísticos o comerciales y no para en las aduanas.

Donde los mecanismos de detección temprana funcionan, la respuesta es más eficaz. Donde no se cuenta con información ni estructuras suficientes, el riesgo crece. En ese punto, la reciente invitación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a la República Argentina a no abandonar el organismo (desde marzo de 2026 ya no es parte) adquiere una dimensión concreta.

La OMS fue creada en 1948 como organismo especializado del sistema de Naciones Unidas. En Argentina gobernaba el general Juan Domingo Perón, y la cartera sanitaria estaba conducida por el prestigioso neurólogo y sanitarista Ramón Carrillo. Lejos de ser un foro declarativo, su funcionamiento se estructuró sobre programas e instrumentos específicos: sistemas de vigilancia epidemiológica, programas de inmunización, redes de cooperación técnica y coordinación de emergencias sanitarias.

Pertenecer al organismo supone integrar un sistema de reglas, información y asistencia que opera de manera continua. Salir del esquema tiene consecuencias jurídicas, institucionales y operativas. Los circuitos obligatorios de notificación y coordinación pierden su carácter vinculante, lo que complica las investigaciones, limita la fiabilidad estadística y retrasa la cooperación. El acceso a redes de alerta temprana, protocolos compartidos, asistencia técnica o mecanismos de provisión de insumos deja de ser automático y pasa a depender de acuerdos ad hoc.

En Argentina, el sistema de salud es materialmente provincial y municipal. De los 1434 hospitales públicos que posee el país, solo 9 son financiados por el Ministerio de Salud de la Nación. En programas nacionales como Sumar, Plan Materno Infantil, Remediar, Inmunizaciones e Incluir Salud, las provincias son unidades ejecutoras mediante convenios. Algunas provincias, además, implementan acciones diseñadas en marcos internacionales, como acceso a programas de fortalecimiento para la prevención de patologías o financiamiento para compra de vacunas.

Aquí aparece un problema para Córdoba y el resto de las provincias: gestionan la salud, pero no definen la inserción internacional del sistema sanitario. La conducción de las relaciones exteriores corresponde al Estado federal. Si bien las jurisdicciones subnacionales pueden desarrollar vínculos de cooperación, no pueden contradecir la política exterior nacional ni sustituirla. En consecuencia, la eventual desvinculación de la OMS afectará el acceso a redes, programas y mecanismos, tanto si vienen de Nación como si se gestionan desde la provincia.