
Las autoridades de Ecuador siguen intentando justificar el reciente arribo de personal de la Fuerza Aérea de EE.UU. a su territorio, con el supuesto objetivo de llevar a cabo operaciones con sus pares del país suramericano.
La llegada de estos militares estadounidenses se produce un mes después de que se realizara un referéndum, en el que la población votó en contra de que en el país se vuelvan a establecer bases militares extranjeras y de ceder las instalaciones nacionales a fuerzas armadas o de seguridad foráneas; un proceso que significó un fracaso para el presidente Daniel Noboa y también un revés para Washington.
«No son bases militares permanentes en el Ecuador, son operaciones temporales en el marco de los acuerdos que están vigentes en cooperación en materia de defensa entre Ecuador y EE.UU.», salió al paso este lunes la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, en entrevista con Ecuavisa.
De acuerdo con la ministra, esos acuerdos fueron negociados en el 2023, conforme a las instancias y herramientas legales vigentes en el país. Indicó, además, que el objetivo de las operaciones es combatir el narcotráfico y otros delitos conexos con el crimen organizado, «siempre bajo el control del Ecuador».
🔴 #ENVIVO | La Canciller, Gabriela Sommerfield, asegura que los acuerdos con #EEUU, con relación a la presencia de soldados estadounidenses en Ecuador, son modernos, temporales y que responden a la realidad del país. Menciona que estarán vigentes hasta que se cumplan los… pic.twitter.com/383PaZ57TN
— Ecuavisa Noticias (@EcuavisaInforma) December 22, 2025
La semana pasada, la Embajada de EE.UU. en Quito y el propio Noboa, al hacer el anuncio, también indicaron que se trataba de la activación de una «operación temporal» conjunta. El mandatario añadió entonces que esto formaba parte de «una estrategia bilateral de seguridad a largo plazo».
Sin fecha de salida
En la entrevista, aunque se insistió en que es un asunto «temporal», Sommerfeld señaló que no existe una fecha determinada para la finalización de las operaciones, sino que estas estarán «hasta cuando los dos países lo consideren oportuno» y se responda a las «necesidades y objetivos» que ambos se han planteado.
Sumado a ello, las acciones se llevarán a cabo en la ciudad costera de Manta, en la provincia de Manabí, donde entre 1999 y 2009 operó una base militar estadounidense. En esa urbe, además de Salinas (provincia de Santa Elena), estuvo de visita, unos días antes del proceso electoral, la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, donde recorrió recintos militares para la potencial instalación de bases de su país en caso de que los ecuatorianos se pronunciaran a favor de ello.

El despliegue militar de EE.UU. en Ecuador se produce, además, cuando el presidente de EE.UU., Donald Trump, arreció su agresión contra Venezuela, indicando que esa nación «está completamente rodeada por la Armada» estadounidense y ordenando «el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan».
Consultada al respecto, sobre si esa presencia estadounidense en territorio ecuatoriano sería utilizada para un eventual ataque a un tercer país, Sommerfeld respondió: «No son operaciones a terceros países, son operaciones para atacar problemas que el día de hoy tiene que resolver Ecuador».
La agresión de EE.UU. en el Caribe, en síntesis
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Despliegue militar: desde el pasado mes de agosto, EE.UU. mantiene desplegada una fuerza militar significativa frente a las costas de Venezuela, justificándola como parte de la lucha antidrogas. Washington anunció posteriormente la ‘operación Lanza del Sur’, con el propósito oficial de «eliminar a los narcoterroristas» del hemisferio occidental y «proteger» a EE.UU. «de las drogas que están matando» a sus ciudadanos. Asimismo, Trump ha afirmado que, a estos efectos, en breve lanzará agresiones «en tierra».
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Operativos letales: como parte de estas operaciones se han realizado bombardeos contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de más de 100 personas muertas y sin pruebas de que realmente traficaran con estupefacientes.
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Asalto a buques petroleros: en una escalada de las acciones violentas de EE.UU. en la región, militares estadounidenses han asaltado buques petroleros en las costas venezolanas. Caracas catalogó los hechos como un «robo descarado» y un «acto de piratería internacional». El presidente venezolano, Nicolás Maduro, tachó la situación de «acto absolutamente criminal e ilegal» y acusó a la Casa Blanca de actuar «como piratas del Caribe».
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Acusaciones y recompensa: Washington ha acusado, sin presentar evidencias, al mandatario venezolano de liderar un cártel del narcotráfico y ha duplicado la recompensa por su captura.
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Postura de Caracas: Maduro denuncia que el objetivo real de EE.UU. es un «cambio de régimen» para apoderarse de las inmensas riquezas petroleras y gasísticas de Venezuela. «Se les cayó la máscara, el narcotráfico es ‘fake news’, es el petróleo que se lo quieren robar«, expresó tras el asalto al primer tanquero con crudo venezolano en aguas caribeñas.
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Falta de sustento: la ONU y la propia DEA señalan que Venezuela no es una ruta principal para el narcotráfico hacia suelo estadounidense, ya que más del 80 % de las drogas utilizan la ruta del Pacífico.
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Condena internacional: Rusia, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y los Gobiernos de Colombia, México, Cuba y Brasil han condenado las acciones estadounidenses. Expertos califican los ataques a embarcaciones como «ejecuciones sumarias» que violan el derecho internacional.








