El abogado constitucionalista, Andrés Gil Domínguez, pasó por el segmento de Ronda de Investigación en +Perfil y cuestionó el proyecto oficial que busca modificar la Ley de Tierras y sostuvo que la iniciativa representa un retroceso en materia de protección del territorio nacional.
Andrés Gil Domínguez recordó que la protección de la propiedad privada ya está garantizada por la Constitución Nacional y rechazó la necesidad de una nueva norma. «Hay que aclarar que la propiedad es inviolable desde 1853 por el imperio artículo 17 de la Constitución y que recibió un refuerzo a la inviolabilidad de la propiedad privada con los tratados sobre hechos humanos que tienen jerarquía constitucional. No hace falta una ley para garantizar la inviolabilidad de la propiedad privada de la República Argentina«, planteó.
La ley actual todavía resulta eficaz según los expertos
En ese contexto, defendió la legislación vigente y aseguró que cumple una función estratégica para preservar la soberanía territorial: «Yo considero que la actual ley es una garantía primaria, eficaz, proporcional y razonable que defiende la integridad territorial como uno de los elementos constitutivos del Estado, que no le impida a los extranjeros tener tierra, sino que pone un límite razonable a la tenencia de tierra, a la propiedad de tierra».
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Según explicó Gil Domínguez, la reforma impulsada por el Gobierno elimina restricciones esenciales para la compra de tierras por parte de ciudadanos o empresas extranjeras. «Lo que intenta hacer el Gobierno es, de manera regresiva y sin ningún fundamento, habilitar una compra indiscriminada o con ciertos topes irrazonables de tierra, tanto a personas extranjeras o a personas jurídicas con capital de estados extranjeros, que pueden poner en vilo la integridad territorial en zonas de frontera y pueda afectar recursos estratégicos que se vinculan con el medio ambiente y con la seguridad argentina», resaltó.
Asimismo, remarcó que, a su entender, la propuesta carece de sustento jurídico: «Y creo que no hay ningún tipo de argumentos para esta regresión».
No es la primera vez que el Gobierno busca modificar la Ley de Tierras
El constitucionalista también recordó que el Gobierno ya había intentado avanzar sobre este tema mediante el DNU 70/2023. «Tenemos que recordar algo que ha pasado, que el decreto de necesidad y urgencia 70-2023, que modificó 80 leyes de forma definitiva, en el artículo 174 había derogado la ley de tierras», expresó.
En esa línea, sostuvo que el objetivo inicial del Ejecutivo era eliminar cualquier límite a la adquisición de tierras por parte de extranjeros: «La idea de este Gobierno es que no existiese ningún límite que se pudiesen comprar estados, personas extranjeras, físicas o jurídicas, toda la tierra que quisieran».
