El Gobierno del Chaco enfrenta una sanción judicial inédita: el juez Jorge Sinkovich, titular del Juzgado Civil y Comercial N° 6 de Resistencia, dispuso una multa diaria de $85,9 millones contra la Provincia, en concepto de astreintes, por el supuesto incumplimiento de una medida cautelar que ordenaba asistencia a comunidades originarias del interior.
La cifra equivale a $2.577 millones al mes, monto que, según advirtió la Fiscalía de Estado, representa un perjuicio directo para el presupuesto provincial y compromete la financiación de políticas sociales en distintos sectores.
La postura oficial
La Fiscalía de Estado, en representación del Ejecutivo chaqueño, presentó un recurso de revocatoria con apelación en subsidio, sosteniendo que la sanción es “improcedente y desproporcionada”. Argumentó que no existió desobediencia ni reticencia por parte de la Provincia, y recordó que la resolución que dio origen a la cautelar ya había sido oportunamente apelada.
En el escrito, además, se enumeraron las acciones que el Estado afirma haber implementado para cumplir con lo requerido: asistencia alimentaria y sanitaria, entrega de medicamentos y equipamiento, obras de provisión de agua potable, apoyo a comedores, proyectos educativos con enfoque intercultural y becas para jóvenes de comunidades originarias.
Audiencia y reclamo de revisión
La Fiscalía pidió que se convoque a una audiencia con las partes y el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH) para conformar una mesa de trabajo que permita mostrar las políticas implementadas y debatir sobre los avances, siguiendo antecedentes de otros casos similares tratados en el mismo juzgado.
Asimismo, advirtió que la resolución no tuvo en cuenta la documentación presentada en el expediente que, según el Gobierno, demuestra un abordaje integral y sostenido de la problemática.
Con la apelación en marcha, será la instancia superior la que defina si confirma o revoca la sanción. Desde la Provincia insisten en que la multa impuesta es “exorbitante e injustificada”, y remarcan que aplicar un castigo económico de esa magnitud “afecta de manera grave” la capacidad de gestión del Estado chaqueño.
