“¿Puedo salir o no al balcón de mi casa? Parece joda, pero no…”, escribió este miércoles Cristina Fernández de Kirchner en su cuenta de X. La pregunta, lejos de ser una intrascendencia doméstica, constituye el punto de partida para un debate nacional sobre los límites de las restricciones judiciales impuestas a la expresidenta en el marco del régimen de prisión domiciliaria que le dictó la Justicia, tras haberla encontrado culpable de corrupción en la causa Vialidad.
Todo comenzó con la resolución por medio de la que la Justicia le concedió el beneficio de cumplir la condena a seis años de prisión en su domicilio. En ella se le impone la obligación de «abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes», indicación que, según su defensa, no permite una interpretación precisa y podría usarse como herramienta para restringir su libertad de expresión y sus derechos políticos.
En respuesta, sus abogados presentaron un escrito pidiendo que se aclare formalmente si Cristina puede o no salir al balcón de su domicilio. El documento argumenta que, debido a la repercusión mediática del caso, es necesario que la Justicia especifique el alcance de la medida. «Cuando la Justicia decida contestar, tendrá que meterse en el detalle de qué sí y qué no puede hacer», reflexionó el conductor de «QR», Pablo Caruso, en pleno análisis del tema.
Carolina Gaillard, diputada nacional de Unión por la Patria (UxP), invitada al programa, opinó sobre el tema y fue enfática: “El tribunal debería aclarar a qué se refiere con ‘perturbar a los vecinos’. La única manera de leer esa cláusula en la resolución es que le están restringiendo el contacto con la militancia. No había otra lectura posible. La frase es ambigua, por eso se pide la aclaración”, explicó.
Para Gaillard, el hecho de que se discuta si una figura pública puede asomarse al balcón de su casa expone el verdadero trasfondo del caso: la intención de impedirle toda forma de expresión política. “Lo que están restringiendo es la actividad política, ese es el foco de la cuestión. La sacan del padrón electoral, le quitan sus derechos políticos y también la posibilidad de salir al balcón. Es parte de un régimen de hostigamiento judicial”, denunció.
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Además, comparó el tratamiento que recibe Cristina Kirchner con el de otros condenados: “Solo el 13% de los genocidas que tienen prisión domiciliaria usan tobillera electrónica. A Cristina se le aplica un régimen mucho más restrictivo, incluso con límites en las visitas. Está claro que no se trata solo de una medida judicial sino que les molesta lo que Cristina genera: felicidad y devoción”, aseguró.
La diputada también destacó el carisma de la expresidenta, al margen de cualquier valoración ideológica: “El magnetismo que tiene es indiscutible. Podés no estar de acuerdo con ella, pero ante el poder, ella siempre se planta. Eso incomoda”, aseguró.
El trasfondo político del caso también se expresa en el modo en que distintos sectores interpretan la medida. Para algunos, se trata de una simple precaución legal ante una condena en curso. Para otros, es un ejemplo de la utilización del aparato judicial con fines de persecución política. Lo cierto es que el hecho mismo de la discusión sobre si una expresidenta puede salir al balcón de su casa evidencia el nivel de tensión institucional y la disputa simbólica que Cristina Kirchner sigue encarnando.
BR / FPT
