El Gobierno de Alberto Fernández comunicó de manera oficial, a través del decreto 1036/2020, la rescisión de los seis contratos de Participación Pública Privada (PPP) que concesionaban corredores viales en distintas partes del país, La medida ya fue publicada este miércoles 23 de diciembre en el Boletín Oficial.

De esta forma, el oficialismo decretó que la estatal Corredores Viales se hará cargo en los próximos 10 años de las concesiones rescindidas. También, le otorgo a  esta firma la concesión de obra pública por peaje para la construcción, mejora, reparación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración, explotación y prestación de servicios al usuario y a la usuaria, de estas rutas y autopistas

Cabe recordar que los contratos bajo el régimen de Participación Público Privada (PPP) fueron suscriptos en 2018 por el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich. Los mismo fueron acordados con las empresas Cruz del Sur, Green, Andes, Panamericano y AUSUR para ocuparse de seis corredores viales que abarcan las rutas nacionales 3, 226, 5, 7, 9, 183, 11, 34, y las autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza-Cañuelas.

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A principios de mes, cuando se tomó esta decisión,  Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas, aseveró: «le pusimos fin a un modelo ruinoso del macrismo, que fracasó y perjudicó los intereses de los argentinos y argentinas». «Fueron contratos diseñados para favorecer al sector financiero. Las obras tuvieron una ejecución de sólo el 2% en promedio y le iban a salir al Estado tres veces más. Alcanzar estos acuerdos significa ahorrarle a la Argentina un costo millonario en dólares», agregó.

Frente a los incumplimientos por parte de las concesionarias, el 27 de mayo se intimó a todas las empresas a cumplir con el incremento de las garantías bajo apercibimiento de extinción de los contratos, y el 31 de agosto se les otorgó la posibilidad de rescindirlos de común acuerdo hasta el 30 de noviembre.