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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha establecido que al menos 6.402 personas fueron asesinadas por las Fuerzas Armadas en el contexto de la política de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).

El Estado colombiano, en persona del ministro de Defensa, Iván Velásquez, y del comandante general del Ejército, Luis Ospina, ofrecerá disculpas públicas por las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el Ejército en el departamento de Cundinamarca, entre 2006 y 2007.

Según detalló el Ministerio de Defensa en sus redes sociales, el acto de desagravio tendrá lugar este martes a las 3:00 de la tarde en la Plaza de Bolívar, en el centro de la capital.

El Espectador apunta que los desagraviados son: Jaime Estiven Valencia Sanabria, Elkin Gustavo Verano Hernández, Daniel Alexánder Martínez, Jaime Castillo Peña, Víctor Fernando Gómez Romero, Joaquín Castro Vásquez, Eduardo Garzón Páez y Julián Oviedo Monroy.

Además de Diego Armando Marín Giraldo, Mario Alexánder Arenas Garzón, Diego Alberto Tamayo Garcera, Jader Andrés Palacio Bustamante, Ómar Leonardo Triana Carmona, Óscar Alexánder Morales Tejada, Edwar Benjamín Rincón Méndez, Weimar Armando Castro Méndez, Deiby Julián Pisa Gil, Jonás Ariza Barbosa y Carlos Redondo.

Medios locales recogen que se trata de la primera vez que un alto funcionario del país suramericano admite públicamente la responsabilidad del Estado en la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad, en el contexto del conflicto armado interno.

De su parte, el presidente Gustavo Petro precisó en su cuenta de X que el Estado pedirá perdón «por la ejecución de miles de jóvenes en gobiernos pasados». Además de confirmar su presencia en el lugar, adelantó que pronunciará un discurso sobre los hechos, en el que ofrecerá reflexiones sobre «el tipo de régimen que los produjo».

Los ‘falsos positivos’ de Soacha

En febrero de 2021, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reveló que entre 2002 y 2008, 6.402 personas fueron asesinadas por el Ejército y presentadas como «bajas en combate», como parte de la política de seguridad adoptada por el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).

Exmilitares implicados en estos casos confesaron ante la JEP que en interés de mostrar la supuesta eficacia de la estrategia gubernamental, las Fuerzas Armadas estimularon el asesinato de inocentes, para luego presentarlos como muertos en incursiones exitosas contra los grupos insurgentes.

Las pesquisas han determinado que los perpetradores, aprovechándose de la situación económica de sus víctimas, les ofrecían trabajo y luego las conducían a lugares aislados para ultimarlos.

Fue en este contexto en que la fuerza pública colombiana ejecutó extrajudicialmente a 19 hombres –14 en Soacha y cinco en Bogotá– durante los años 2006 y 2007, que hoy serán desagraviados públicamente.

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Algunos cuerpos fueron enterrados en una fosa común en Ocaña, a unos 740 kilómetros de la capital. Además, a todos se les presentó falsamente ante la opinión pública como guerrilleros que habían perecido en enfrentamientos con las autoridades.

Sin embargo, esta versión no convenció a los familiares de las víctimas, que en 2010 fundaron la organización Grupo de Madres de Falsos Positivos de Soacha y Colombia (Mafapo) para reclamar justicia y exigir reparaciones.