Si bien la firma del histórico acuerdo energético entre Venezuela y EE.UU. selló el pacto petrolero entre ambos países, en los medios han surgido dudas sobre la aplicación real y las condiciones de este ambicioso trato para la exploración, producción y exportación de crudo.
El pasado viernes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció en sus redes sociales que su Administración había alcanzado un acuerdo petrolero con las autoridades de Venezuela, que calificó como «el mayor de la historia mundial». El mandatario afirmó que lo suscrito le garantiza a EE.UU. «el control mayoritario» de más de 65.000 millones de barriles de las reservas probadas de crudo venezolano –estimadas en unos 300.000 millones de barriles–, así como la reposión de la reserva estratégica estadounidense.
Del lado venezolano, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, confirmó la información y presentó en un mensaje a la nación las líneas gruesas de este pacto. La noticia desató las especulaciones en la prensa sobre la duración del acuerdo, la implicación para el resguardo de la soberanía del país y los beneficios que traería para la golpeada economía latinoamericana.
Según detalló Rodríguez, el acuerdo —suscrito por 25 años— contempla «el desarrollo de 17 campos petroleros estratégicos con un objetivo de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios». Como ejemplo, dijo que tomando 65 dólares como precio de referencia por barril, los ingresos de Venezuela llegarían a los 209.335 millones de dólares, lo que significa que por cada barril producido y vendido, el país estaría recibiendo cerca de 19 dólares.
El papel de NABEP
La mirada pública se ha puesto en la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP), dirigida por el empresario venezolano Alejandro Betancourt, que «tendrá el control operativo del negocio, mientras que el Gobierno de EE.UU. conservará los derechos sobre una participación de 35 % en la compañía, además de acceso preferencial a 20 % de la producción de la empresa a precio de costo», según un comunicado de la compañía con sede en Barbados.
La segunda mayor productora de crudo en Venezuela, «controla ahora los derechos para comercializar más de 65.000 millones de barriles de reservas P1» en el país suramericano, y se propone «expandir rápidamente sus operaciones en el lago de Maracaibo y la Faja del Orinoco» para «aumentar la producción a más de un millón de barriles de petróleo diarios».
Para el economista venezolano Oscar Zambrano, entrevistado por Forbes, no queda claro el alcance de NABEP. «Es extraño, que sea el socio privado de un acuerdo tan grande, siendo una empresa sin experiencia, sin capital y sin tecnología«, asegura.
Hasta el momento, según ha dicho la propia compañía, «el programa supondrá una inversión de casi 100.000 millones de dólares para aumentar la capacidad de producción y la infraestructura de petróleo y gas en Venezuela».
Reservas
Otra de las dudas que genera este pacto petrolero entre los expertos es su viabilidad y cómo se adaptará a los marcos legales de ambas naciones, cuyas relaciones diplomáticas y políticas estaban interrumpidas desde 2019, en medio de acercamientos intermitentes sin éxito.
Las consultoras Signum Global y Alpine Macro, citadas por Bloomberg, también se preguntan sobre cuál será la participación de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), así como el papel de las empresas mixtas existentes y el interés que tendrán las grandes petroleras en negociar con NABEP.
Por otro lado, también surge la pregunta de la capacidad de la industria petrolera venezolana actual para responder a la meta de producción, tomando en cuenta el daño causado por las sanciones contra PDVSA desde hace una década —impuestas desde la primera administración de Trump—, lo que ha impedido la actualización tecnológica.
Los expertos también se refieren a la controversia entre la duración del acuerdo. Mientras que desde Washington se ha hablado de 100 años, la mandataria encargada venezolana ha dicho que el lapso corresponde a un cuarto de siglo, con posibilidad de prórroga de 15 años, como lo establece la Ley de Hidrocarburos, aprobada este año.
¿Y las sanciones?
La víspera, Rodríguez adelantó que su gestión trabaja junto a las autoridades estadounidenses para poner fin al régimen de sanciones que pesa sobre el país desde hace más de una década, paso que ella estima necesario para que se celebren elecciones.
«Seguimos trabajando con las autoridades [estadounidenses] para que, definitivamente, se levante el sistema de sanciones y Venezuela, la economía venezolana y el desarrollo social puedan darse sin ninguna dificultad», sostuvo la mandataria.
Aunque Trump no se ha referido directamente al sistema coercitivo que pesa sobre la nación bolivariana, sí ha tomado determinaciones en la materia. El 9 de enero de 2026, poco después de haber ordenado el bombardeo de la Gran Caracas y el secuestro del presidente Nicolás Maduro, firmó una orden ejecutiva con la que el Tesoro estadounidense se garantiza el manejo de los ingresos derivados del negocio petrolero venezolano.
Asimismo, en febrero pasado renovó por un año más las sanciones contra Caracas y, en lugar de levantarlas, ha optado por una política de licencias que autoriza a compañías –principalmente de EE.UU.– a operar limitadamente en Venezuela.
