Con el inicio del período de sesiones ordinarias, el gobierno de Javier Milei volverá a la carga para reformar el esquema de financiamiento de las universidades públicas. Se trata de una jugada que intentó introducir sobre la hora durante las extraordinarias, pero que quedó relegada cuando la batalla política se focalizó en asegurar la aprobación de la reforma laboral, una conquista clave para el poder libertario.
En ese marco, y con la discusión proyectada para las próximas semanas, la diputada nacional Natalia de la Sota movió ficha este martes al encabezar una reunión en el Rectorado de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) con un mensaje político directo: rechazar la iniciativa oficial que, según advirtió, “busca legalizar el desfinanciamiento universitario”.
La legisladora cordobesa, referente del espacio Defendamos Córdoba y una de las voces más críticas del ajuste de la administración Milei, fue recibida por el rector Rubén Soro. Del encuentro también participaron el secretario de Coordinación Universitaria, Juan Carlos Agüero, y el secretario de Tecnologías de la Información y la Comunicación, Pablo Rosso.
La reunión se dio en un contexto político preciso, con la mira puesta en lo que viene. El oficialismo intentó —sin éxito— avanzar con la reforma de la Ley N° 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria, que incluyó sobre la hora en el temario de sesiones extraordinarias. No logró su tratamiento y la discusión pasó al período ordinario, inaugurado el domingo con el discurso de apertura de Milei. Será uno de los temas que el poder libertario fogoneará, pese a la resistencia opositora.
En ese escenario, De la Sota fue categórica. “Rechazo totalmente este nuevo proyecto porque su único objetivo es legalizar el desfinanciamiento”, sostuvo. Y redobló la apuesta al exigir la plena vigencia de la norma aprobada en dos oportunidades por el Congreso: “Debe aplicarse la ley que ya tenemos; la que el Congreso aprobó en dos oportunidades y Milei se niega a implementar”.
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La peronista cordobesa, distanciada del cordobesismo que lidera el gobernador Martín Llaryora, viene construyendo un perfil opositor nítido frente al poder libertario que habita la Casa Rosada. Su rechazo al veto presidencial a la ley de financiamiento universitario marcó buena parte de su agenda legislativa en 2025 y consolidó su posicionamiento crítico frente al Ejecutivo nacional. “Desde donde sea, mi compromiso permanente es combatir el desfinanciamiento y defender el sistema universitario”, remarcó.
Del lado de la UTN, las autoridades pusieron el foco en el valor estratégico de la institución para el desarrollo productivo del país. Subrayaron su capacidad académica y científica, su experiencia en la aplicación de nuevas tecnologías y su despliegue territorial con lógica federal. Esos activos —destacaron— están “a disposición de los desafíos que vienen”, con equipos técnicos preparados para aportar al crecimiento nacional.
Creada en 1948, la UTN cuenta con 30 facultades regionales distribuidas en 12 provincias, lidera la formación en ingenierías y alberga a unos 120 mil estudiantes. Por volumen presupuestario es la segunda universidad del país, detrás de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y suma más de 100 mil graduados.
Un entramado académico y territorial que hoy quedó en el centro de la disputa política por el rumbo de la educación superior en la Argentina ante la política de ajuste en su financiamiento estatal.
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El escenario que viene
Aunque el tema no tuvo eco final en el temario de extraordinarias, el financiamiento universitario se perfila como uno de los ejes clave del debate que se abre bajo la premisa oficial de que 2026 sea “el año más reformista de la historia”.
Para la oposición dura, la discusión está saldada en favor de la ley vigente y cualquier modificación implicará un retroceso. Para el poder libertario, en cambio, se trata de redoblar la apuesta y no ceder en un contexto de nuevas configuraciones de apoyo con gobernadores dialoguistas, alianzas que ya se tradujeron en votaciones clave en el Congreso, como ocurrió con la reforma laboral.
En Balcarce 50 sostienen que se busca “algo que sea factible de implementar”, mientras que en la oposición ya hablan abiertamente de “desfinanciamiento universitario”, una advertencia que había anticipado Perfil Córdoba semanas atrás.
La pelea por los fondos universitarios promete convertirse en otro capítulo de alto voltaje político entre la Casa Rosada y un arco opositor que busca hacer del sistema universitario público una bandera de resistencia frente al ajuste. Las miradas vuelven a posarse sobre los “opositores dialoguistas”: ¿sostendrán este punto como límite al ajuste de Milei o reformularán su posición para acompañar la ola reformista violeta?
