Mientras el Senado debate la reforma laboral, a metros del Congreso Nacional la comunidad audiovisual exige a los legisladores la eliminación de los artículos 210 y 211 del proyecto, que plantean la supresión de las asignaciones específicas destinadas al cine nacional mediante el desmantelamiento del Fondo de Fomento Cinematográfico.
Cientos de trabajadores y trabajadoras del sector se congregaron esta tarde frente al Cine Gaumont para manifestar su rechazo a lo que consideran un avance contra el financiamiento de la actividad. La protesta se dio en el marco de una movilización que reunió a decenas de miles de personas en las inmediaciones del Congreso.
El Fondo de Fomento Cinematográfico se financia principalmente con el 10% de las entradas vendidas en salas y el 25% de lo recaudado por el ENACOM. Los artículos cuestionados proponen derogar ambos mecanismos, lo que implicaría que el Fondo pase a depender de aportes del Tesoro Nacional. Según referentes del sector, esto supondría la pérdida de la autonomía financiera del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y dejaría la producción cinematográfica sujeta a decisiones presupuestarias del gobierno de turno. También señalan que la medida no elimina impuestos ni reduce el gasto público, ya que el INCAA —ente autárquico y autofinanciado— pasaría a sostenerse con recursos del presupuesto general, además de ver afectado su carácter federal.
“Si estos dos artículos prosperan, decretan el fin de la industria del cine argentino”, afirmó Bruno Stagnaro. “El cine tiene un correlato inmediato con la manera en que nos vemos y nos percibimos como sociedad. Una sociedad sin héroes es una sociedad dócil”, agregó el realizador de El eternauta y Un gallo para esculapio. El escritor y director César González, por su parte, pidió “que la comunidad del cine no se desafecte de lo que le está pasando a su pueblo” y recordó que el cine también “tiene un carácter de clase trabajadora”.
La directora Carmen Guarini, presidenta de DAC —Directores Argentinos Cinematográficos—, sostuvo que el gobierno “ha decidido hacer de nosotros un enemigo” y cuestionó la falta de instancias de diálogo. Según expresó, la política oficial apunta a desfinanciar el audiovisual y la cultura en general.
Desde el sector también rechazaron argumentos difundidos por voceros oficiales respecto del funcionamiento del INCAA. Aseguran que no existen mecanismos de asignación basados en afinidades ideológicas y que el financiamiento del cine no proviene del IVA de alimentos básicos, como se ha señalado en intervenciones públicas.
“Estamos defendiendo una cuestión existencial: el derecho del cine argentino a tener un lugar en el imaginario social y en la producción”, expresó Benjamín Naishtat. El director vinculó la reforma laboral con un proceso de flexibilización que, según su visión, favorece a plataformas internacionales. También atribuyó el impulso de los artículos a una decisión política que no guarda relación con la normativa laboral.
Un informe de 2023 del Banco Interamericano de Desarrollo, elaborado junto a Netflix y titulado El efecto multiplicador de la industria audiovisual en Argentina, señala que más de dos tercios de la inversión estatal en una película se reinvierten en otros sectores, como el textil, la construcción, la hotelería y el transporte. El estudio indica que por cada 10 millones de pesos invertidos directamente en la industria se generan casi 19 millones adicionales en la economía. Para representantes del sector, estos datos evidencian el impacto económico de la actividad.
En el plano legislativo, el diputado Agustín Rossi afirmó que la sesión representa “una oportunidad para informar sobre los efectos de la reforma”, y sostuvo que la iniciativa no generará empleo. En la misma línea, Germán Martínez señaló que no hay artículos que favorezcan a los trabajadores.
El actor Daniel Valenzuela, integrante de la comisión directiva de SAGAI, consideró la movilización como una forma de defender el derecho a la cultura y advirtió sobre la posible pérdida de conquistas previas. El crítico y programador Diego Trerotola interpretó la iniciativa como parte de una política más amplia que afecta al cine como trabajo y como práctica cultural.
En paralelo, el Boletín Oficial informó que el proyecto incorpora una modificación: la eliminación del Fondo se postergaría hasta el 1° de enero de 2028. El dictamen original proponía su supresión inmediata y el financiamiento de la actividad con partidas presupuestarias. A pesar de la prórroga, la comunidad audiovisual sostuvo la convocatoria y reiteró el pedido de eliminación definitiva de los artículos. “Si no estuviéramos acá no lo habrían prorrogado”, afirmó el actor Jorge Sesán. El director Juan Bautista Stagnaro advirtió que, de mantenerse la redacción actual, la eliminación operaría automáticamente en la fecha prevista. Carlos Jaureguialzo, del Espacio Audiovisual Nacional, señaló que la postergación no despeja la incertidumbre sobre el futuro del organismo.
Desde el sector advierten que la eventual desaparición del Fondo afectaría no sólo la producción de películas sino también miles de puestos de trabajo vinculados a la actividad: técnicos, guionistas, intérpretes, vestuaristas, electricistas, exhibidores, restauradores, bibliotecarios y trabajadores de industrias asociadas. También señalan que la modificación alteraría las condiciones de acceso y desarrollo profesional para nuevas generaciones interesadas en el ámbito audiovisual.
