La denuncia que realizó la senadora Patricia Bullrich ante el Tribunal de Ética de la Conmebol fue recibida y será analizada por los miembros colegiados del organismo con sede en Luque, Paraguay. Mientras tanto, en Argentina, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) le pidió a la Corte Suprema que disponga el cese de las funciones desarrolladas por todos los magistrados del Poder Judicial de la Nación en el Tribunal de Disciplina, de Ética y de Apelaciones de la AFA.
En el escrito de 7 páginas que presentó Bullrich se describe un entramado de sociedades comerciales, contrataciones directas y movimientos patrimoniales que comprometen los estándares de buena gobernanza exigidos por la Confederación Sudamericana. Por la relación que existe entre Claudio Tapia y Alejandro Domínguez, en la AFA creen que será enviada a la papelera de reciclaje.
Pero el petitorio de un representante del Gobierno argentino, y en el avance de la Justicia ordinaria, puede cambiar la percepción que hoy tienen en Viamonte y en Ezeiza, donde funciona la casa madre de la pelota. En especial, después de la carta firmada por Celeste Fernández, codirectora y apoderada de la ACIJ, que sostiene que «la actuación de magistrados en los tribunales internos de la AFA configura una actividad profesional y está por ende prohibida por el Decreto-Ley 1285/58».
Los jueces que integran el Tribunal de Ética de la AFA están pendientes de lo que pueda llegar a ocurrir en Asunción. ¿Qué sucedería en el caso de que sus colegas paraguayos encuentran razones suficientes para sancionar a Chiqui entre las pruebas presentadas por Bullrich? ¿Se animarán a sancionar a su propio presidente? ¿Medirán con la misma vara a Tapia que a Walter Otta, el técnico de Morón al que suspendieron por “presunta difamación”?
Nadie se atreve a hablar en voz alta. Aunque una fuente consultada por Clarín la tiró lejos. “No creemos que se llegue a tanto”, apuntó. Este órgano que está dentro de la estructura de la AFA tiene la función de velar “por el cumplimiento del Código de Ética de la entidad, investigando y juzgando conductas de sus miembros (jugadores, dirigentes, árbitros) que infrinjan dichos principios, como faltas a la lealtad, la neutralidad, conflictos de interés, o actos que dañen gravemente la imagen de la AFA, pudiendo aplicar sanciones como apercibimientos o amonestaciones, y actuando de forma independiente”.
Bajo esta coyuntura, tanto Tapia como Pablo Toviggino pueden terminar involucrados en causas judiciales producto de los supuestos testaferros que los vinculan a bienes de lujo obsceno, entre ellos autos de alta gama, mansiones, caballos y un helipuerto, por citar alguno de ellos.
Ni hablar de las revelaciones de las últimas horas, esa red de empresas en EE.UU. y España para mover plata del sponsoreo de la Selección Argentina.
A Otta le aplicaron una suspensión de 30 días. Lo acusaron de violar los deberes de lealtad y neutralidad institucional. Lo más grave es que el fallo indica que “las presuntas manifestaciones públicas difundidas en los medios de comunicación y redes sociales (…) atribuidas al Sr. Otta (…) podrían afectar la reputación institucional de la AFA”. Aunque el Tribunal de Ética no pudo comprobar que los dichos del técnico hayan sido reales, algo que Deportivo Morón desmintió en un comunicado, no pudo estar en la revancha con Deportivo Madryn en las semifinales del reducido por el segundo ascenso a Primera.
Los integrantes del Tribunal de Ética son Diego Barroetaveña (juez de Casación), Antonio Daniel Bustamante (delegado regional en Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación); José Pedro Bustos (Director regional de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social); Roberto Minguillón (juez Federal); Matías A. Mancini (juez de la Cámara Tribunal Oral en lo Criminal. Federal N° 3 de San Martín); Mario Kohan (juez de la Cámara de Casación bonaerense); Ricardo M. San Juan (presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán); Ramiro González (fiscal Federal de Comodoro Py); Juan Pablo Rodríguez (juez de la Cámara Civil) y Pablo F. Morán (juez Federal de Formosa).
Según le contaron a Clarín desde el Tribunal de Ética, no se puede intervenir de oficio, con la excepción de situaciones que involucren apuestas ilegales, acoso o abuso en las divisiones inferiores. Si hay una denuncia penal, entonces deberían responder. Por ahora, es un pedido de “transparencia” en base a situaciones que están siendo investigadas por la Justicia.
Es curioso que haya sido sancionado Otta por una “presunta difamación” y el Tribunal de Ética haya resuelto no sancionar a Marcelo Moretti por el escándalo del video, una presunta coima. De hecho, lo habilitó a levantar su licencia y volver a la presidencia de San Lorenzo, argumentando falta de pruebas suficientes.
Hoy, el club está en el medio de una crisis institucional y económica. Con estos parámetros, parece difícil que vayan a fondo contra Tapia. En el fuero penal, en cambio, la historia puede ser distinta.
La denuncia de la ONG puede ser un golpe interno en la AFA, que cuenta con 25 jueces en sus tribunales (eran 26, pero en octubre falleció Eduardo Bozzi) en las áreas de Disciplina, Apelaciones y Ética. La Corte Suprema debe tomar una decisión.
