La Justicia porteña condenó a una mujer de 43 años a un año de prisión en suspenso y tareas comunitarias, luego de que comprobara que se hizo pasar por una adolescente para contactarse, a través de un videojuego online, con un menor de 15 años y enviarle mensajes, fotos y videos con contenidos sexuales y eróticos.

El caso se inició en febrero de 2021 a partir de la denuncia del padre del menor, que reportó que una persona desconocida había contactado a su hijo de 15 años a través de la plataforma Brawl Stars y continuó luego el diálogo por Instagram, desde donde le envió frases e imágenes de índole sexual y lo invitó a encontrarse.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas. Fuentes del caso explicaron que la conducta de la acusada se enmarca dentro del delito de grooming –ciberacoso sexual infantil- que consiste en el contacto a través de medios informáticos de un adulto a un menor, con el propósito de cometer algún delito contra su integridad sexual.

Voceros de la investigación señalaron que debieron solicitar información a las autoridades de Facebook respecto del perfil de Instagram denunciado, para verificar los datos de registro y sitios desde donde se conectaba. Finalmente, pudieron establecer que la acosadora era una mujer de 43 años, madre de dos menores.

La mujer había contactado al chico de 15 años a través de la plataforma Brawl Stars.

Para la Unidad Fiscal, a cargo de Daniela Dupuy, resultó ser una novedad que la acusada fuera mujer, ya que en la totalidad de los casos de grooming en los que había intervenido los autores del delito eran hombres.

El allanamiento al domicilio de la imputada se realizó con la intervención de la División Delitos Cibernéticos Contra la Niñez y Adolescencia de la PFA.

A través de un juicio abreviado se convino la pena de un año de prisión en suspenso y el cumplimiento de determinadas normas de conducta por el término dos años, que incluyen abstención de contacto con el menor, realización de tareas comunitarias y de un taller de violencia intrafamiliar y de género, entre otras.

La sentencia fue homologada por la jueza Natalia Molina, titular del juzgado PCyF 8.

LM

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